Empresa estatal se queda sin salvavidas para sostenerse y pagar salarios de 510 empleados, no tiene acceso a préstamos y cuentas están embargadas
Japdeva se encamina a la paralización de operaciones en sus puertos de Limón pese al plan de rescate por ¢49.000 millones que le inyectó la Asamblea Legislativa en 2019.

Su realidad es tan crítica, que la empresa estatal monitorea diariamente su flujo de caja para determinar en qué momento del año podría quedarse sin recursos para pagar salarios a sus 510 trabajadores, así como para cubrir gastos operativos y otras obligaciones.

Así lo reconoció la presidenta ejecutiva de la entidad, Andrea Centeno. “La situación financiera de la institución es cada vez más crítica”, afirmó. “Conforme pasan los días las oportunidades de rescate de la institución se ven disminuidas y la erosión de las condiciones acrecentada rápidamente”, agregó.

Según la funcionaria, en caso de que se dé el “posible colapso” de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), el Gobierno deberá decidir si inyecta fondos públicos para rescatarla, o si, por el contrario, busca mecanismos legales para cerrarla, pues un proceso de cierre no es simple en la Administración Pública.

Otra posibilidad, dijo, sería negociar una alianza público-privada que permita hacer sostenible la operación de los muelles ubicados en Moín y Limón centro, mediante un gestor interesado, lo que también tomaría tiempo.

Y es que para este momento, Japdeva no ve salidas.

En diciembre, la Contraloría General de la República (CGR) le frenó un megapréstamo del Ministerio de Hacienda por ¢12.875 millones. Además, tampoco puede echar mano a más recursos provenientes de superávits de otras instituciones públicas, pues la Ley de Transformación de Japdeva le puso como límite de endeudamiento ¢10.000 millones, que ya alcanzó.

La presidenta ejecutiva de Japdeva, urge el levantamiento de embargo sobre las cuentas de la institución para liquidar el personal que tiene de más. Los despidos quedaron suspendidos cinco meses después de que se aprobara el plan de rescate, debido a que los recursos quedaron congelados por un proceso judicial. Foto: Jorge Navarro.

Centeno advirtió que la Junta está impedida de continuar con los recortes de personal, debido al embargo de las cuentas destinadas a ese fin. El embargo se hizo a solicitud del sindicato de la misma institución.

La suspensión de ese proceso de reestructuración también impidió a la empresa portuaria contratar servicios tercerizados que bajen los costos operativos.

“Podría ser que requiramos nuevamente un apoyo para gasto corriente. Es un escenario que podría darse dado el freno que nos impuso el embargo.

“Hay una apuesta por tratar de aumentar ingresos por nuevos negocios, pero eso depende de la recuperación por pandemia y de la confianza que logremos probar a los potenciales clientes ante la situación que enfrentamos. Es una ecuación complicada”, afirmó la jerarca.

Centeno, además, se prepara para la negociación de una nueva convención colectiva, proceso, que sin ninguna duda, deberá encaminarse reducir su costo y adecuarla a la realidad de la entidad. Ella prometió transparencia.

Fuente: La Nación